Laboratorio de Enseñanza Práctica de Derecho en Acciones Colectivas

Abstract

La defensa y promoción de los derechos humanos se convirtió en el eje esencial de la instauración de la democracia, como valor universal que a diario conquista y reclama nuevos espacios. Es innegable que el orden jurídico internacional ha delineado las normas constitucionales y legales para asegurar el ejercicio individual de esos derechos, y para asegurar el sufragio individual como base de la democracia. Sin embargo esa concepción individualista ha desatendido la dimensión social de los derechos humanos y de la democracia misma. Las acciones colectivas en su definición jurídica podrían parecer algo lejano al ciudadano común, pero aplicadas en la vida cotidiana son un facilitador del acceso a la justicia frente a abusos que se producen en distintas esferas del gobierno y del sector privado. En la cotidianidad, la garantía de las acciones colectivas podría permitir, por ejemplo, que un grupo de usuarios de un servicio el cual no fue cumplido satisfactoriamente por una empresa, pueda emprender un solo proceso para demandar su cumplimiento y que abarque a todos los que la hayan iniciado conjuntamente. La legislación mexicana se fue quedando a la zaga en el reconocimiento de este derecho humano llamado de tercera generación; el cual ha funcionado sin cataclismos de ninguna índole en países como Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina, España, Costa Rica, Chile, Venezuela y Uruguay, entre otros. En México, desde la legislatura anterior se introdujeron en las cámaras del Congreso diversas iniciativas que propusieron incorporar la figura de las acciones colectivas en la Constitución. Tras un proceso legislativo que dictaminó primero en la cámara de diputados y luego precisó y redimensionó en el Senado el alcance de este derecho, se aprobó en definitiva en la Cámara de Diputados bajo la minuta que reforma el artículo 17 de la Constitución que incorporará este instrumento. Es por ello que el presente programa se encuentra dirigido, esencialmente, a analizar y difundir a través de las diversas herramientas docentes la defensa de los Derechos de tercera generación a través de las acciones colectivas. Si bien es cierto que la figura procesal de las acciones colectivas es un instrumento novedoso para México en el ámbito Federal, también lo es que a nivel estatal ya se tiene cierta experiencia casuística al respecto como lo es en el Estado de Morelos o en el Distrito Federal, por lo que en el presente proyecto se pretende obtener un estudio comparado en Derecho nacional basado en las legislaciones que contemplan algún tipo de acción pública o popular que pudieran servir de referente para la aplicación de la recién publicada legislación federal. Para tal efecto, se investigarán y analizarán procesos judiciales locales que se hayan generado en esta materia para ponerlas a disposición del alumnado que curse la materia correspondiente. Asimismo, se indagará cuál es la experiencia internacional al respecto con la finalidad de realizar el mismo desarrollo que el anterior, pero a nivel mundial. Como parte de los objetivos de este proyecto se encuentra la creación y puesta en funcionamiento de una materia sobre acciones colectivas en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho, en donde se propone que interactúen la teoría y la práctica con la principal meta, no solo de allegar al alumno de conocimientos, sino de darle la oportunidad para que con un sentido crítico desarrolle su criterio jurídico. Durante el curso se darán las bases teóricas del proceso que significa las acciones colectivas, pero a la vez se revisarán de manera conjunta con los alumnos, expedientes que se hayan substanciado, tanto a nivel local, como en jurisdicciones de otros países (principalmente de Estados Unidos, Brasil y Colombia). Al propio tiempo se emplearán herramientas visuales, como lo será la proyección de películas cuya trama se encuentre relacionada con la promoción de acciones colectivas para propiciar foros de discusión. Con todo